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La inflación social, o el aumento de los costos de las aseguradoras para cubrir las reclamaciones por ademas de la inflación económica general, es una amenaza creciente para la asequibilidad del seguro. La lucha por cuantificar las causas de la inflación social es una de las razones por las que los legisladores aún no han reducido su impacto. Sin embargo, hay suficiente información en el dominio público sobre la inflación social para guiar un plan de reducción, pero el éxito requerirá trabajo colectivo en muchos frentes de todos los interesados.

Puntos clave:

• Involucrar a todos en la conversación sobre la inflación social.
• Reenfocar la discusión para resaltar las obligaciones y las oportunidades compartidas.
• Abordar colectivamente los elementos accionables que impactan los costos de las reclamaciones.

Invitar a todos a la conversación sobre la inflación social.

Aunque la inflación social puede impactar cualquier línea del seguro, las líneas de responsabilidad civil más afectadas debido en parte a los mayores costos de litigio son el seguro general comercial, el seguro de auto comercial, el seguro de auto personal, el seguro profesional (por ejemplo, errores y omisiones) y el seguro de exceso y paraguas. Para estos productos, los costos crecientes imprevistos amenazan la asequibilidad de la cobertura y, a largo plazo, su disponibilidad. En escenarios de cobertura disminuida, puede surgir una serie de consecuencias económicas para las aseguradoras y los asegurados que dependen de ellos.

Todas las partes que puedan enfrentar estos resultados deben unirse a los legisladores, tribunales y reguladores en la discusión sobre la inflación social. Esta táctica puede fomentar una mayor conciencia y educación sobre los posibles impulsores de la inflación social, especialmente aquellos factores que ejercen una presión indebida sobre las proporciones de pérdidas y gastos de las aseguradoras. Sin embargo, si continuamos centrando la narrativa en las pérdidas y gastos de las compañías de los seguros, los asegurados y los legisladores pueden oponerse a involucrarse con las aseguradoras en este tema.

Hay que reenfocar la discusión para resaltar las obligaciones y las oportunidades compartidas.

Todos los interesados deben entender qué impulsa los costos del seguro y cómo pueden tomar medidas para reducir esos factores. Los reguladores pueden desarrollar legislación que equilibre la responsabilidad corporativa y las expectativas irrazonables de responsabilidad financiera. Los corredores y agentes pueden alentar a los clientes a implementar mejores estrategias de evaluación y gestión de los riesgos, y las aseguradoras pueden considerar recompensar estas acciones con precios más bajos. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas pueden invertir en tecnología y mejores prácticas, como inteligencia artificial (IA), automatización y recopilación robusta de datos, para predecir y moderar la exposición a riesgos legales más rápidamente. Las aseguradoras también pueden gestionar exposiciones buscando continuamente una comprensión más profunda de las tendencias que aumentan el riesgo de litigio y priorizando la investigación basada en datos.

El impacto financiero de la inflación social es significativo. De hecho, un estudio publicado este año por el Instituto de Información de Seguros y la Sociedad de Actuarios de Daños estimó que las aseguradoras de autos comerciales pagaron colectivamente $20 mil millones más en las reclamaciones de responsabilidad civil entre 2010 y 2019 de lo que se habría esperado debido a factores relacionados con la inflación social. A medida que los datos específicos evolucionan, los aspectos de la inflación social que ahora no parecen cuantificables pueden ser medibles en el futuro.

Abordar colectivamente los elementos accionables que impactan los costos de las reclamaciones.

En pocas palabras, los costos legales que aumentan son una clave en la inflación social. Estos costos se acumulan por el creciente número de las demandas, litigios prolongados y premios de jurados desproporcionados. Los datos indican que la participación de abogados puede aumentar los costos de las reclamaciones y el tiempo necesario para resolverlas, incluso mientras reduce el valor para los reclamantes. La investigación también sugiere que la publicidad puede moldear actitudes sobre el litigio y el deseo de la participación de abogados en las reclamaciones. Las aseguradoras, los asegurados y los legisladores pueden aprovechar de medidas accionables para abordar el impacto del sistema legal en el costo del seguro.

Fortalecer la gestión de los riesgos y la gobernanza corporativa. Los asegurados pueden reducir el riesgo de eventos de pérdida con un plan robusto para gestionar exposiciones. Pueden aumentar su vigilancia sobre la actividad de pérdidas y las áreas de riesgo. Implementar mejores prácticas que fortalecen una cultura de seguridad sería un paso proactivo también. Las aseguradoras y asegurados pueden compartir el trabajo para evaluar riesgos cuidadosamente y explorar lecciones que se puedan aprender de pérdidas pasadas incurridas por sus organizaciones y competidores de la industria.

Limitar la publicidad de abogados explotadores. Las prácticas de publicidad de abogados deben estar sujetas a restricciones que desalienten las tácticas cuestionables de campañas de "red de arrastre", como una reciente valla publicitaria publicada por una firma del área de Las Vegas. En el intento de los abogados de capitalizar el trágico descubrimiento de restos humanos en el Lago Mead, el anuncio dice: "¿Lesionado mientras buscaba cadáveres en el Lago Mead? Exija compensación." La publicidad de abogados como esta, que utiliza el miedo, la ira y otras emociones fuertes para reclutar participantes en demandas, busca crear el deseo de acción legal de la nada.

Apoyar una mayor transparencia y responsabilidad en la financiación de litigios por terceros (TPLF). Estudios indican que el TPLF puede contribuir a la inflación social al permitir litigios más prolongados, resultando en la cobertura de los seguros más costosa para todos los asegurados. Por ejemplo, cuando un tercero reclama una parte del pago final, los demandantes pueden esperar un acuerdo mayor, más allá de lo que de otro modo habría satisfecho sus necesidades. Alternativamente, un abogado puede intentar maniobras legales más costosas y laboriosas si un acuerdo de TPLF está financiando su caso.

Contrarrestar el sentimiento público negativo mediante iniciativas robustas de responsabilidad social corporativa. Los estudios indican que la percepción del público en general sobre las corporaciones que da la luz a la creciente desigualdad económica puede jugar un papel en las indemnizaciones de jurados desproporcionados. La inclinación anti-corporativa, justo o no, es real y puede impactar significativamente los resultados legales. Las empresas pueden prevenir la inclinación cultivando proactivamente una estrategia auténtica de donaciones caritativas y presencia, comenzando en las comunidades en las que están ubicadas. Las prácticas operativas amigables con el medio ambiente y las buenas políticas laborales pueden contribuir en gran medida a mantener un perfil positivo. Implementar una estrategia de responsabilidad social corporativa es esencial para las aseguradoras antes de que surja una reclamación. Una vez que se presenta una demanda o se lleva ante un jurado, es demasiado tarde para controlar los costos asociados con la inflación social.

Triple-I está comprometido en avanzar la conversación sobre la inflación social y aumentar la conciencia sobre cómo impacta a las aseguradoras y los asegurados. Le invitamos a enterarse más sobre la inflación social y sus impulsores visitando nuestro centro de información sobre la inflación social y siguiendo nuestro blog.